En los inicios de la Iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general desaprobaba en ese momento los castigos físicos.
En el siglo XII, en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la iglesia en relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción el papa Inocencio III organiza una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces.
Historia
La Inquisición medieval
Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición medieval fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. Fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. El castigo físico a los herejes fue asignado a los laicos. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis.
A las anteriores disposiciones [...] agregamos el que cualquier arzobispo u obispo, por sí o por su archidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes; y allí obligue a tres o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que bajo juramento indiquen al obispo o al archidiácono si conocen allí herejes, o a algunos que celebren reuniones ocultas o se aparten de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles.
En su primera etapa (hasta 1230), se denomina "Inquisición episcopal", porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, Gregorio IX, mediante la bula Excommunicamus, creó la "Inquisición pontificia", dirigida directamente por el Papa y dominada por los dominicos. En 1252, el papa Inocencio IV en la bula Ad extirpanda autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En ningún caso podía mutilarse al reo ni poner en peligro su vida. Las penas eran variables. Los herejes relapsos eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte.
La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón, pero no en la de Castilla.
Inquisición española
La Inquisición Española fue creada en 1478 por una bula papal con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos españoles. A diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente de la corona española. Se implantó en todos los reinos de España, en Sicilia y Cerdeña (que entonces formaban parte de de la Corona de Aragón) y en los territorios de América (hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia Corona, a quien servía como instrumento del poder real: era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdicionales de sus respectivos reinos.
La historia de la Inquisición española puede resumirse en las siguientes etapas:
Fundación (1478 a 1530): gran actividad. Objetivo principal: los conversos y otros herejes, los focos protestantes de la Universidad de Alcalá de Henares y de Sevilla. Periodo de severas penas.
Decaída (1530 a 1640). La actividad del tribunal fue menor, salvo un pequeño rebrote durante el reinado de Felipe II. El Santo Oficio se hizo más burocrático. El objetivo principal en esta época fueron los cristianos nuevos y la censura de libros a causa de la represión ideológica derivada del Concilio de Trento. Empezó una represión contra los erasmistas (Carlos I era erasmista). La falta de reos hizo a los inquisidores extender su jurisdicción a causas relativas a sodomía y se encargó de vigilar estrechamente las actividades de los extranjeros relacionadas con delitos ideológicos y de fe.
Rebrote (1640 a 1660). Se reinició la actividad, principalmente sobre conversos o cristianos nuevos.
Disolución (1668 a 1834): inactividad cada vez mayor. El tribunal se limitó a coartar la libertad de expresión y a impedir la propagación de las ideas ilustradas o excesivamente progresistas.
El maestro valenciano Cayetano Ripoll, acusado de deísta, fue el último condenado a muerte por el tribunal y ejecutado, en julio de 1826, sin que, según Modesto Lafuente, se hubiera escuchado su testimonio ni hubiera recibido asistencia de abogado. Las reacciones en Europa de la opinión pública y los gobiernos conservadores, incitaron a Fernando VII a marcar distancia con el suceso y acercaron el final de la institución.
La Inquisición española no fue abolida definitivamente, durante el gobierno de Martínez de la Rosa, hasta julio de 1834, aunque pudo tener alguna vigencia todavía en los territorios dominados por los carlistas, que propugnaban su reimplantación.
Organización
La Inquisición española estaba dirigida por el Consejo de la Suprema, que elaboraba instrucciones para los tribunales, examinaba informes de las vistas, ordenaba inspecciones, revisaba causas, y actuaba como tribunal para los miembros del Santo Oficio que hubiesen cometido algún crimen. Su presidente era el Inquisidor general. Los demás eran prelados, letrados e inquisidores provinciales designados por el rey.
Los tribunales que juzgaban a los reos estaban formados por tres inquisidores, la gran mayoría clérigos seculares con sesuda formación jurídica, además de otros funcionarios como fiscales, secretarios, alguaciles, notarios e incluso la oscura figura de un defensor del reo, cuyo papel se limitaba por lo general a asesorar a éste en cuestiones de procedimiento.
Colaboraban también en la actividad inquisitorial los familiares, servidores laicos del Santo Oficio que tenían ciertos privilegios (estaban exentos de contribuciones fiscales, podían ir armados y poseían privilegio de jurisdicción) y cuyo prestigio social venía del hecho de que ser familiar del Santo Oficio era una prueba de limpieza de sangre.
Proceso penal
Al llegar a una población se proclamaban dos edictos, el "edicto de fe", obliga a los fieles, bajo pena de excomunión, a denunciar a los herejes y cómplices, y el "edicto de gracia", en que el hereje, en un plazo de quince a treinta días, podía confesar su culpa sin que se le aplicase la confiscación de sus bienes, la prisión perpetua ni la pena de muerte. Esto provocaba autoinculpaciones, pero también numerosas delaciones, protegidas por el anonimato. Los denunciados no conocían en ningún momento de qué se les acusaba. El secreto sumarial con que el Santo Oficio llevaba sus procesos, con el fin de evitar represalias, provocaba un gran temor en la población y convertía a cualquier ciudadano en un posible delator o colaborador del tribunal. Por otra parte, los acusados tienen derecho a proporcionar previamente el nombre de los que tendrían un motivo para perjudicarles, lo que constituye un modo de recusar su denuncia. En caso de falso testimonio, la sanción equivale al castigo previsto para el acusado. El primer interrogatorio tiene lugar en presencia de un jurado local constituido por clérigos y laicos cuya opinión se escucha antes de promulgar la sentencia. Con el fin de evitar represalias, el nombre de los acusadores es secreto, pero el inquisidor debe comunicarlo a los asesores del juicio que deben controlar e investigar la veracidad de las acusaciones. Si el acusado mantiene sus negativas, sufre un interrogatorio completo cuyo fin es el de recibir su confesión. En 1235, el concilio regional de Narbona pide que la condenación sea decidida exclusivamente a la vista de pruebas irrefutables bajo el pensamiento que más vale soltar a un culpable que condenar a un inocente.
El detenido era encarcelado en una cárcel especial. Se secuestraban sus bienes para su mantenimiento y los gastos de su proceso. Incomunicado, el reo ignoraba a menudo por completo los cargos que se le imputaban. El proceso consistía en una serie de audiencias en que se escuchaba a los denunciantes y al acusado. Este último contaba con un abogado defensor, que no la defendía sino meramente le amonestaba a que confesase sus culpas o le asesoraba en cuestiones de procedimiento. Para obtener la confesión se podía utilizar la coacción; ya sea mediante la prolongación de la prisión(carcer durus), ya sea por la privación de alimentos, o bien, en útlimo lugar, por la tortura. Durante mucho tiempo la iglesia fue hostil a ello. En 886, el papa Nicolás I declaraba que este método "no era admitido ni por las leyes humanas ni por las leyes divinas, pues la confesión debe ser espontánea". En el siglo XII, el decreto de Graciano, una recopilación de derecho canónico, repite esta condena. Pero en el siglo XIII, el desarrollo del derecho romano provoca el restablecimiento de la tortura en la justicia civil. En 1252, Inocencio IV autoriza su uso por los tribunales eclesiásticos, con condiciones muy concretas no existentes en los tribunales civiles: la víctima no debe correr riesgo ni de mutilación ni de muerte; el obispo del lugar debe dar su consentimiento; y la confesión obtenida debe ser reiterada libremente para ser válida.
Inquisición romana
La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Pablo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue mantener y defender la integridad de la fe, y examinar y proscribir los errores y falsas doctrinas.
Al comienzo, la actividad de la Inquisición romana se restringió a Italia, pero cuando Gian Pietro Caraffa fue elegido Papa, como Pablo IV, en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginald Pole.
Galileo ante el Santo Oficio
En 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno. En 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei.
En 1965 el papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio, denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe.
Inquisición portuguesa
En Portugal, donde se habían refugiado numerosos judíos españoles luego de la expulsión de 1492, el rey Manuel I, presionado por sus suegros, los Reyes Católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo en 1497. Esto produjo numerosas conversiones al catolicismo.
La Inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. En un principio, la Inquisición portuguesa estaba bajo la autoridad del papa, pero en 1539, el rey nombró inquisidor mayor a su propio hermano, Don Enrique. Finalmente, en 1547, el papa terminó aceptando que la Inquisición dependiese de la corona portuguesa.
El primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540.
En 1560 se estableció un tribunal de la Inquisición en Goa.
La Inquisición portuguesa fue abolida por las Cortes Generales en 1821.
miércoles, 7 de mayo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario